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Este ensayo pretende analizar la naturaleza del derecho de objeción de conciencia y su protección internacional dentro del marco de derechos humanos. Primeramente se acotará el concepto de objeción de conciencia, atendiendo a las distintas definiciones que la comunidad internacional le ha otorgado, y seguidamente se describirán los instrumentos y mecanismos que para su protección se han implementado. Del mismo modo se realizará una interpretación critica del derecho en cuestión, haciendo uso de la concurrente jurisprudencia evolutiva, buscando métodos para garantizar su uso eficaz. Asimismo abordaré asuntos como el servicio militar obligatorio y la salud reproductiva para remarcar la importancia y subjetividad del derecho de objeción de conciencia. Este trabajo buscará alcanzar el equilibrio entre posturas contradictorias por medio del principio de razonabilidad, fundamentado sobre la carga de la justificación del interesado que quiera hacer valer su mejor derecho. En todo caso tratará este ensayo de superar la frontera del servicio militar obligatorio, a cuyo fin se ha destinado fundamentalmente el concepto de objeción de conciencia, para evitar su realización. El derecho que estamos tratando ha entrado en una posible decadencia en cuanto a la repercusión internacional que lo rodea, pues en el pasado fueron muchos los que en contra de renunciar a sus principios fueron ejecutados, lo que hoy en día no ocurre con la misma frecuencia. Sin embargo, fue el hecho de estar dispuesto a morir por los principios propios lo que recalca la relevancia de este derecho, dado el profundo arraigo que las convicciones personales tienen en la persona.

2. Desarrollo
La objeción de conciencia cobra relevancia en los primeros decenios del siglo XX, cuando los Estados recurrieron al reclutamiento obligatorio durante la Primera Guerra Mundial. Dichas campañas de reclutamiento ya contenían las primeras disposiciones relativas a la objeción de conciencia, para asignar tareas ajenas al combate a aquella personas que quedaran exentas de la obligación de acudir al combate. Se calculó que durante dicho conflicto se negaron a hacer el servicio militar mas de 16.000 objetores de conciencia en el Reino Unido y unos 4.000 en Estados Unidos. Sin embargo aquellos objetores de conciencia que no alegaran razones que les permitieran quedar completamente exentos (de acuerdo a un juicio que evaluaba la sinceridad del objetor), fueron encarcelados, y no fue hasta el final del conflicto que fueron liberados. Desde entonces, la cuestión de la objeción de conciencia se ha generalizado en todos los continentes. Muchos países ya reconocen la objeción de conciencia en sus leyes o incluso constitucionalmente, pero fue con la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos cuando se convirtió en una importante cuestión de derechos humanos.
2.1. Concepto
La objeción de conciencia fue inicialmente considerada como una desobediencia al derecho, lo que no resulta del todo correcto a la hora de reconocerlo con un derecho humano y constitucional. Hasta la fecha ningún tratado internacional ha recogido una definición concreta, remitiéndolo siempre al derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Sin embargo, el Comité de Derechos Humanos siempre ha aclarado que el derecho a la objeción de conciencia es en todo caso un derecho individual, distinto de un derecho que pueda ser ejercido de forma exclusiva por la pertenencia a un determinado grupo religioso.
Por tanto definiremos la objeción de conciencia como el rechazo a cumplir algo prescrito por la Ley, ya que su cumplimiento sería contrario a las propias convicciones ideológicas, morales o religiosas. De este modo no se opone a la ley como tal, ni constituye una resistencia u oposición, sino que supone afirmar la primacía de la conciencia ante la autoridad y la ley.

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2.2. Marco Jurídico Internacional
Como ya se mencionó anteriormente, este derecho se basa fundamentalmente en los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia y religion, recogidos en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asimismo, estos derechos también se reconocen regionalmente, siendo la Carta de Derechos Fundamentales de la Union Europea  la única que reconoce de manera explícita el derecho a la objeción de conciencia. Otro tratado que recoge de forma explícita el derecho en cuestión es la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, sin embargo ésta no ha sido ratificada hasta la fecha por muchos países. 
En algunos países la objeción de conciencia es reconocida por las leyes que regulan específicamente determinados comportamientos (como aquellas relativas al aborto). En otros países incluso se considera a la objeción de conciencia directamente tutelada por la Constitución o una ley fundamental, confiando en los tribunales la resolución de eventuales conflictos.
Con la Resolución 1763 del 7 de Octubre de 2010 del Consejo de Europa, la objeción de conciencia comenzó a considerarse a nivel institucional, pues hasta entonces se consideraba solo a nivel personal. Dicho documento hacia referencia al ámbito de la salud, extendiendo su protección sobre hospitales o instituciones en lo relativo a la práctica del aborto, eutanasia o cualquier acto que cause la muerte de un feto o embrión humano.
2.2.1 El Comité de Derechos Humanos
El Comité de Derechos Humanos, encargado de la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos interpretó la aplicación del derecho a la libertad de pensamiento conciencia y religión (artículo 18 DUDH) en relación con la objeción de conciencia en su Observación General numero 22. El Comité señaló lo siguiente:
‘En el Pacto no se menciona explícitamente el derecho a la objeción de conciencia pero el Comité cree que ese derecho puede derivarse del artículo 18, en la medida en que la obligación de utilizar la fuerza mortífera puede entrar en grave conflicto con la libertad de conciencia y el derecho a manifestar y expresar creencias religiosas u otras creencias’ (párr. 11).
Vemos que el Comité hace una referencia específica al derecho a negarse a cumplir el servicio militar, pero sí considera la existencia del derecho a la objeción de conciencia, que por analogía podría aplicarse a otros casos de naturaleza distinta.
El Comité de Derechos Humanos ha explicado con más detalle su posición con respecto a la objeción de conciencia tanto en las comunicaciones que le han sido sometidas en el marco de su procedimiento de denuncia como, más ampliamente, en las observaciones finales que ha aprobado tras el examen de los informes presentados por los Estados partes en virtud del Pacto.
Se aclaró por parte del Comité que el derecho a la objeción de conciencia implica una obligación para todos los Estados parte del Pacto, en virtud de la aplicación del artículo 18. Por tanto no debe ser considerado en ningún caso sujeto al reconocimiento por parte de los Estados parte. Asimismo el Comité ha hecho referencia a otras cuestiones relativas a la objeción de conciencia en sus observaciones finales, refiriéndose al fundamento para la concesión y el proceso para obtener la deseada exención. También se han hecho referencias a la existencia, duración y condiciones de la prestación sustitutoria, y los derechos u obligaciones que su cumplimiento genera en el objetor. En algunas ocasiones el Comité ha llegado a expresar su preocupación ante distintos Estados por la falta de un proceso de toma de decisiones independiente, la duración desproporcionada de la prestación sustitutoria, o el reconocimiento discriminatorio del derecho al reconocer la exención únicamente a determinados grupos.

2.2.2 Tribunales y Comisiones Regionales de Derechos Humanos
Comenzando por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, no se crea, ni se menciona el derecho de objeción de conciencia. Por lo tanto las imposiciones de la ley serían en todo caso de obligado cumplimiento, aun cuando estas vaya en contra de las propias creencias. Asimismo la Comisión determinó que la jurisprudencia internacional de derechos humanos reconoce la condición de objetos de conciencia en los países que prevén dicha condición en sus leyes nacionales. En aquellos países que no prevén la condición de objetor de conciencia, los órganos internacionales concluyen que no existe violación del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Aun así la Convención reconoce el derecho de todas las personas a la libertad de conciencia y de religión en su artículo 12. El derecho a la objeción de conciencia se deriva del derecho a la libertad de conciencia, sin embargo en el sistema interamericano solo ampara la objeción de conciencia en los casos en que la legislación interna lo admita. Del mismo modo la CIDH entiende que el hecho de que un Estado no reconozca la condición de objetor de conciencia en su legislación interna no constituye una interferencia con el derecho a la libertad de conciencia. Estas aclaraciones se derivaron principalmente del caso Cristián Daniel Sahli Vera y otros c. Chile, en el que se considero la objeción de conciencia cuando así estuviera prevista en el derecho interno, pudiendo derivarse del derecho a la protección de la honra y la identidad, del derecho a la libertad de conciencia y religión, y la prohibición de la esclavitud y servidumbre, todos ellos enunciados en la Convención Americana. 
En cuanto al Sistema Europeo de Derechos Humanos, éste se ha pronunciado en casos específicos de objeción de conciencia al servicio militar obligatorio y a la provisión de servicios de salud reproductiva. En todo caso se trató de examinar la cuestión de si el artículo 9 (libertad de pensamiento, conciencia y religión) del Convenio Europeo de Derechos Humanos garantiza el derecho a la objeción de conciencia. Primeramente en el caso Bayatyan c. Armenia la sentencia de la Sala Tercera del TEDH determinó que no se reconocía este derecho. Esta observación se confirmó, cuando el Tribunal aclaro que la mención de la objeción de conciencia del articulo 4 sobre el trabajo forzado, no podía derivarse a los casos del artículo 9. Sin embargo, la Gran Sala terminó revocando la sentencia en apelación, alegando que se había apartado de la jurisprudencia de la Comisión Europea de Derechos Humanos, que establecía un vínculo entre ambos artículos. De forma similar al Sistema Interamericano, la Gran Sala terminó confirmando la aplicación de las garantía previstas en el artículo 9 en cuanto a la objeción de conciencia en lo referente al servicio militar. 

2.2.3 La Comisión de Derechos Humanos
Este era el principal organismo intergubernamental de la ONU en lo referente a Derechos Humanos, siendo sustituido en 2006 por el Consejo de Derechos Humanos. Durante su vigencia, varios Estados hicieron constar sus objeciones a sus resoluciones sobre la objeción de conciencia, no reconociendo muchos de ellos la aplicabilidad universal de la objeción de conciencia al servicio militar. Sin embargo, las resoluciones de este organismo si parecen reconocer el derecho a la objeción de conciencia, en concreto en su resolución 1989/59, la Comisión reconoció este derecho como una manifestación del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión . Posteriormente la Comisión hizo un llamamiento a los Estado para que promulgaran leyes destinadas a reconocer una autentica objeción de conciencia, concretamente en el ámbito del servicio militar. A pesar de ellos, debemos recordar que las resoluciones de la Comisión y el Consejo de Derechos, no son jurídicamente vinculantes, de acuerdo al derecho internacional. Sin embargo la fuerza moral de éstas deben servir siempre a los Estados como guía en la forma de proceder. Todo lo anterior fue confirmado en la Resolución 1998/77 de la Comisión de Derechos Humanos sobre la objeción de conciencia al servicio militar.

2.3. Jurisprudencia Evolutiva
Existe un gran numero de jurisprudencia que muestra una evolución del Comité de Derechos Humanos en cuanto al reconocimiento del derecho de objeción de conciencia en casos individuales. En este ensayo examinaremos la jurisprudencia mas relevante en relación al reconocimiento de este derecho. 
La primera jurisprudencia relevante la encontramos en 1981 con el caso Muhonen c. Finlandia, en el cual se alegaron violaciones al artículo 18.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sin embargo este caso no arrojó luz alguna respecto al fondo del asunto, pues al peticionario se le reconoció el derecho reclamado por su Estado. Años mas tarde, en 1985 se trató el caso L. T. K c. Finlandia donde se alegaban violaciones a los artículos 18 y 19 del PIDCP, habiendo sido el peticionario perseguido criminalmente por ser objetor de conciencia respecto al servicio militar obligatorio. Lamentablemente el Comité no reconoció la previsión de ese derecho en el Pacto, lo que supuso un retroceso en el reconocimiento de la objeción de conciencia. 
En 1993 comienza a cambiar el punto de vista del Comité en cuanto al derecho de objeción de conciencia con la aprobación de su comentario general número 22. Con este comentario el Comité aclara que este derecho no se debe restringir exclusivamente a creencias de tipo religioso, dejando la puerta abierta a motivos éticos o filosóficos no basados en creencia alguna. 
Pocos días después de la aprobación del comentario 22 el Comité aprobó su dictamen en el caso Brinkhof c. Paises Bajos, en el que su autor alegó violaciones a varios derechos establecidos en el Pacto, entre ellos los del artículo 18. Esta reclamación fue motivada por la condena penal que le fuera impuesta por no haber aceptado realizar el servicio militar ni el servicio público sustitutivo en virtud de sus creencias pacifistas. El Comité no examinó la posible violación de artículo 18, pero sí la cuestión respecto de si existía diferencia de trato entre los Testigos de Jehová y las demás personas objetoras de conciencia, lo cual se encuentra prohibido por el artículo 26. A pesar de que el Comité no respondió al reclamo del peticionario, si que conminó a los Países Bajos a otorgar el mismo trato a todas las personas que alberguen objeciones igualmente firmes. En este caso encontramos una doble virtud, pues por un lado la Comisión exige igualdad de trato a todos los objetores, sin distinción alguna por su pertenencia a un grupo concreto. Pero por otro lado, la Comisión ya deja de indicar que la objeción de conciencia no se encuentra regulada en el Pacto.
Como puede observarse, de manera paulatina desde 1993 el Comité comienza a abrirse a los avances en materia de objeción de conciencia. En 2006 se resolvieron de forma unificada los casos Yoon y Choi c. la República de Corea, relativos a los objetores de conciencia al servicio militar obligatorio por motivos religiosos. De esta forma se dejó atrás la retrograda resolución del caso L. T. K.. El Comité enfocó con estos últimos casos la resolución de las comunicaciones sobre objeción de conciencia en el propio artículo 18 del PIDCP. 
Mas adelante el Comité señaló que “…la negativa de los autores a alistarse en el servicio militar obligatorio es una expresión directa de sus convicciones religiosas incuestionablemente genuinas. Por consiguiente, la condena y la pena impuestas a los autores suponen una restricción de su capacidad de manifestar su religión o creencia. Esta restricción debe estar sujeta a los límites permisibles descritos en el párr.. 3, art. 18, es decir, las limitaciones deben estar prescritas por la ley y ser necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás. Sin embargo, esas limitaciones no deben menoscabar la esencia misma del derecho de que se trata…”

2.4. Principio de Razonabilidad y el Derecho de Objeción
El principio de razonabilidad es una herramienta frecuentemente utilizada por los tribunales para juzgar los casos donde se encuentren involucrados derechos fundamentales, como un medio para el operador jurídico que sirve para determinar si la pretensión de formular objeción de conciencia constituye el ejercicio de un derecho humano, o una pretensión antisocial e irrazonable. Este principio se aplica en la práctica bajo la forma de tres juicios: el juicio de adecuación, el de necesidad y el de proporcionalidad, según la naturaleza de los derecho afectados y los bienes públicos en juego.
Primeramente, en un juicio de adecuación se debe indagar el fin de la norma que impone un deber que quiere ser objetado, para de este modo discernir si se trata de un bien público o a satisfacer el derecho de un tercero. 
Seguidamente se procederá con un juicio de necesidad, en el que se debe determinar si la medida adoptada por el legislador es la menos restringente de entre las demás normas fundamentales de igual eficacia. Para ello deberá esclarecerse si el deber objetado persigue un bien público o supone una contraprestación para la garantía de un derecho para un tercero, que puede ser realizado por otra persona de forma alternativa siendo igualmente idónea. 
Finalmente se recurre al juicio de proporcionalidad, en el que se ponderará si los medios elegidos y los inconvenientes que puedan generar en el resto de la sociedad compensan o son razonables, en relación a los beneficios que el deber objetado hubiese supuesto.

3. Reflexiones Críticas
Posiblemente la cuestión mas controvertida entorno al reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia, sea la yuxtaposición de intereses igualmente reconocibles. En estos casos, se debe determinar quien ostenta la carga de la justificación, ya sea quien invoque el derecho a la objeción de conciencia, o la parte contra quien se haga valer la oposición. Esta cuestión es de gran relevancia dado que dos parte pueden tener justificaciones igual de validad para el cumplimiento o la objeción al cumplimiento de una obligación o derecho, en base a cuestiones, éticas, morales o religiosas. Del mismo modo, y siendo esta una de las principales razones por las que el reconocimiento de este derecho ha sido tan sosegado, el abuso del derecho a la objeción de conciencia sería difícilmente demostrable, pues cada individuo puede hacer valer cualquier pretensión moral amparándose en los principios que le guían, lo cual es difícilmente discutible.
La doctrina internacional ha venido argumentando mayoritariamente que la carga de la justificación debe recaer sobe quien pretenda denegar el ejercicio de la objeción de conciencia. Aun así debe ser el objetor quien exponga las razones éticas o religiosas que no le permiten cumplir el deber que se le impone, debiendo estas en todo caso de responder a un pensamiento coherente. Sin embargo, la carga de la justificación debería recaer sobre el Estado, o quien deniegue la objeción de conciencia, de modo que sirva como un ejemplo de la madurez democrática de un ordenamiento jurídico, y en cualquier caso dada la condición de los derechos que revisten la objeción de conciencia. Su naturaleza de derechos humanos, fundamentales y constitucionales, por razones prácticas los hacen difícilmente acreditables por cualquier ciudadano, y por tanto recae sobre el Estado la carga de justificar su aplicación de forma imperativa, o su inaplicación por objeción justificada y coherente (de acuerdo a los juicios anteriormente mencionados).

4. Conclusión 
Es evidente que a muchos Estados les preocupa que el reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia suponga un peligro para el cumplimiento de los deberes obligatorios de los ciudadanos. Sin embargo, esta perspectiva no es siempre aplicable, pues la experiencia no lo confirma. De hecho las estadísticas muestran que hay un mayor número de personas que evitan los deberes jurídicos por medios distintos a la objeción de conciencia en mayor medida. Asimismo, el legislador teme que dejar en manos de los órganos jurisdiccionales las decisiones en torno a este derecho generaría un casuismo desorbitado. Esta afirmación resulta inverosímil, dado que los propios jueces suelen actuar diligentemente para mantener un status quo jurisdiccional, emitiendo en muchos casos resoluciones que coinciden con las de la comunidad en que viven.
En definitiva, mucho se ha avanzado hasta la fecha para reconocer el derecho a la objeción de conciencia, pero mucho queda por hacer. Se debe regular en tratados internacionales la aplicación y el reconocimiento expreso de este derecho para evitar una disparidad internacional que genere confusiones o discrepancias. Existen los instrumentos para regularlo y no se debe temer su reconocimiento, pues un abuso de este derecho resulta improbable. Pero para mayor seguridad del legislador y de la ciudadanía, deberían establecerse también castigos para aquellos que realicen cualquier abuso con daño a tercero o a un bien público. Se trata de seguridad jurídica para todos.

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